A los hombres libres de Sud América…
A 100 años de la REFORMA UNIVERSITARIA
Junio 2018
A 100 años de la gran gesta histórica localizada en la más antigua universidad de Argentina y segunda de América del Sur, la Universidad Nacional de Córdoba, es un deber de todos los argentinos, no solo conmemorar y refrescar qué fue la Reforma Universitaria de 1918, sino también plantearnos cuáles son los aspectos a defender y a transformar en la Educación Superior del siglo XXI.
Como es conocido, los jóvenes universitarios organizados en la Federación Universitaria de Córdoba de 1918, junto con algunos profesores y organizaciones de trabajadores, lucharon por una Universidad que pueda acompañar los nuevos movimientos sociales que se estaban gestando en el mundo. Para ello era necesario romper con las estructuras cerradas de una educación eclesiástica y dogmática que caracterizaba a la histórica universidad cordobesa en particular. Las consignas estudiantiles, enmarcadas en una visión latinoamericanista, reclamaron la democratización del gobierno universitario incluyendo la participación estudiantil, la gratuidad de la enseñanza, la promoción de la ciencia, la calidad educativa, la libertad de pensamiento, la autonomía y la apertura de la universidad a los problemas de la sociedad. Todos derechos y responsabilidades que aún siguen vigentes.
Si bien los principales hechos históricos se desarrollaron en Córdoba, su repercusión alcanzó las universidades del país que, fruto de los reclamos estudiantiles, lograron algunas modificaciones en la organización universitaria incorporando el cogobierno y los concursos para el ingreso de profesores, como así también, más fuertemente en las últimas décadas, la actividad extensionista o vinculación tecnológica y social de las universidades. Esta concepción de universidad pública del movimiento estudiantil también tuvo influencia en universidades latinoamericanas y del mundo a lo largo de este siglo.
La visión del movimiento estudiantil de 1918 tiene aún vigencia, más allá del detalle de las consignas planteadas hace 100 años, como inicio del concepto de Universidad Pública. Es por ello que hoy es fundamental la reafirmación de una propuesta latinoamericana que reafirme a la Educación Superior como un derecho humano universal, un bien social y público, por lo cual se convierte en una ineludible responsabilidad del Estado, que radica en la regulación, financiación y promoción de un sistema público y gratuito de Educación Superior en todas sus modalidades.
En este sentido, es necesario reafirmar que esta visión de la Educación Superior no va en desmedro de su calidad, por lo cual es necesario garantizarla a través de mecanismos de confiabilidad para la sociedad. Dichos estándares de calidad deben estar definidos conforme a las necesidades de Latinoamérica, de las distintas naciones y regiones, y no fundados en criterios transnacionales y homogéneos basados en resultados de productividad como pretende imponer la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Las tres componentes fundamentales para garantizar la definición de calidad educativa, conforme a esta visión de Educación Superior heredera de la formulada por el movimiento estudiantil revolucionario de 1918, son: la pertinencia social, la inclusión con equidad y el respeto a la diversidad cultural. Los estados deben comprometerse y asumir la responsabilidad de sostener estos principios junto a la participación popular.
Como la experiencia argentina de los últimos años lo ha demostrado, un estado preocupado por cubrir las necesidades básicas de sus habitantes, debe asegurar trabajo para su población. Ello no se consigue en un país con baja producción, entrampado en su deuda externa y que exporta producción primaria y materias primas. El crecimiento económico en nuestros días se basa en el agregado de valor en las cadenas productivas y la anticipación en la innovación productiva, lo cual es impensable sin producción de nuevo conocimiento de alto nivel. Esto requiere de un desarrollo científico-tecnológico que responda a los problemas e intereses regionales de los pueblos y las soberanías nacionales contraponiéndose a la transnacionalización y a la mercantilización de la Educación Superior.
De allí la importancia fundamental de sostener espacios de formación superior públicos y de gestión estatal. El avance en América del Sur y el Caribe de las universidades de gestión privada en los últimos 30 años es asombrosa. En consecuencia, que la Educación Superior siga estando en el ámbito de la UNESCO y que no pase a depender de la Organización Internacional de Comercio, como proponen algunos países, es una definición en defensa de una Educación Superior no mercantilizada.
Por otro lado, la cooperación entre los países de la región en materia Educación Superior y de desarrollo científico y tecnológico permite aprovechar las capacidades existentes, , tanto de científicos y profesionales capacitados como de infraestructura especializada, y acelerar los procesos. Para ello, es necesario que los espacios formales de articulación del sistema a lo largo de los países y la región se fortalezcan y se mejoren, en función de lograr una cooperación científica y tecnológica que acompañe los procesos de desarrollo de los distintos países de la región.
Todos estos aspectos son tema de discusión de la III Conferencia Regional de Educación Superior que se estará llevando a cabo en Córdoba entre el 10 y 15 de junio. Su propósito es: “Concertar la Declaración y Plan de Acción sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe en la perspectiva del desarrollo humano sostenible y el compromiso con sociedades más justas e igualitarias, ratificando la responsabilidad de los Estados de garantizar la Educación Superior como bien público y derecho humano y social.” Su definición en los días que corren en nuestros países, con gobernantes que sostienen que “hay muchas universidades” y que “los pobres no llegan nunca a las universidades” desconociendo la realidad histórica y reciente de la Educación Superior, será la expresión actual de los principios revolucionarios de la Reforma Universitaria de 1918.
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