Más de cinco mil grupos indígenas habitan en el mundo. Están ubicados, al menos, en unos noventa países y se expresan en siete mil lenguas y dialectos. La mayor concentración de habitantes está asentada en Iberoamérica: son casi cuarenta millones que hablan 560 lenguas diferentes. Pero en lugar del respeto y la diversidad de la cultura, en la mayor parte de estas comunidades se sufren, por distintos motivos, la desigualdad, la marginalidad, la exclusión económica o educativa, y las persecuciones por parte de las autoridades.

En los últimos años se implementaron, pese a todo este panorama, diferentes marcos jurídicos y normas para proteger a los pueblos originarios. Las legislaciones –locales, nacionales, internacionales– han procurado acortar la brecha y las desigualdades que desde hace siglos se mantienen sobre estas poblaciones. Sin embargo, no fueron suficientes y las diferencias subsisten profundas.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) resolvió que el 9 de agosto se conmemore el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se busca, mediante este recordatorio, evitar el olvido de las comunidades aborígenes del mundo y, al mismo tiempo, crear conciencia acerca de la inclusión, el respeto y la conservación de la cultura de estos pueblos ancestrales en las mismas comunidades que habitan.

Los hechos que ocurrieron esta semana en el sur de la Argentina son indicadores, sin duda, de la escasa o nula voluntad de los gobiernos locales de reconocer los derechos de los pueblos originarios y someterse a la sumisión de los poderosos.

El Estado de derecho, las leyes, la constitución, son negadas a estas poblaciones. El artículo 75 de la Constitución Nacional es taxativo al respecto, pero la postverdad de las autoridades nacionales no solo refuta lo expresado, sino que con sus prácticas represivas contradicen de manera explícita el texto más importante del republicanismo que dicen defender.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que el Estado tomó una decisión política sobre este conflicto: «No vamos a permitir una República autónoma y mapuche en el medio de la Argentina; ésa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino». Sin embargo, en los acontecimientos de los últimos días, el único reclamo que proponen las comunidades mapuches es que sean propietarios de las mismas tierras que habitaron sus ancestros. La Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina – Idisher Cultur Farband (ICUF Argentina) –en el marco de este día tan importante para los pueblos originarios– quiere hacer llegar su solidaridad con las comunidades que fueron agredidas y renueva, en esta oportunidad, el rechazo a cualquier forma de represión por parte de las autoridades. También reclaman la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Marcelo Horestein

Presidente

Isaac Rapaport

Secretario General