Preocupación, indignación y temor son los sentimientos que genera el decreto presidencial que vuelve a poner en las calles a las Fuerzas Armadas (FFAA). Nos preocupa porque ese decreto va en contra de una Ley (no derogada por el Congreso) y es de menor cuantía en la jerarquía constitucional, y se pasa por alto la legalidad republicana y la legitimidad jurídica. Es preciso recordar que el Congreso Nacional es la única institución con poder de modificar una Ley, hoy, en la Argentina.

El anuncio del presidente de la Nación, Mauricio Macri, nos produce indignación: es suficiente la cantidad de fuerzas de seguridad (oficiales –policías nacionales, provinciales y municipales– y privadas –agencias de “seguridad” repletas de ex integrantes de las fuerzas de seguridad, ex miembros de las FFAA y ex participantes de los “servicios de inteligencia”) que están operando en la calle, en la represión de movilizaciones populares que reclaman por derechos vulnerados (trabajadores ocupados y desocupados, pueblos originarios) o, incluso, artistas callejeros, vendedores ambulantes, personas que fueron desalojadas, en situación de calle, grupos de jóvenes.

El temor se replica porque consideramos que se trata de un paso más en el armado de un fuerte dispositivo represivo, en prevención de probables conmociones sociales, frente a las políticas antipopulares que se llevan a cabo bajo la anuencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los preceptos ideológicos de fines del Siglo XX de que los “nuevos enemigos” de la democracia son el narcotráfico y el terrorismo (ver documentos del Consenso de Washington y Santa Fe I-II-IV).

En ese sentido, consideramos que una vez liberado el monstruo, no se sabe dónde va a parar; como antecedente cercano están las expresiones de militares brasileños que presionan para que Lula –el presunto candidato presidencial con mayor intención de voto en la actualidad– sea proscrito. El alma de la cuestión radica en que se repone el rol policial, represivo e interventor a una institución que debe limitarse a sus funciones específicas: custodiar las fronteras y la integralidad del territorio en caso de agresión por parte de un enemigo exterior.

La experiencia histórica del pueblo argentino –y de otros del mundo como México o Colombia– en relación con las Fuerzas Armadas interviniendo en seguridad interior es, por demás, significativa y dolorosa. No queremos repetir la experiencia. La conocemos de cerca. La Federación de Entidades Culturales Judías de Argentina – Idisher Cultur Farband rechaza esta decisión del presidente pues entiende que la potencia de la democracia reside en la plena vigencia de sus instituciones y no en la fuerza que se pueda esgrimir.

En este mismo sentido invitamos a todos sus asociados, amigos y colaboradores a sumarse a la movilización del próximo Jueves 26 de Julio, a las 17, frente al Ministerio de Defensa (Azopardo 250, Ciudad de Buenos Aires), para que NUNCA MÁS las Fuerzas Armadas sean instrumento de represión.

Marcelo Horestein, Presidente

Isaac Rapaport, Secretario General