Este mes se cumple un nuevo aniversario de El grito de Alcorta que, sobre mediados de junio de 1912, protestó por las bajas en el precio del arrendamiento de las tierras, la entrega en el mismo lugar de cosecha del producto, los contratos por cuatro años (como mínimo) en el arrendamiento, la libertad para contratar trilladora o la determinación del cultivo a sembrar, y la posibilidad de optar donde comprar alimentos más allá de la estancia.
La protesta fue llevada a cabo por diferentes chacareros, que eran arrendatarios de origen extranjero (un 70 por ciento en total) que no eran dueños de las tierras que trabajaban, no estaban organizados sindicalmente, pero que tenían sobre sí el estigma de las leyes de inmigración.
La huelga fue, en primer lugar, contra los terratenientes, que se aprovechaban de su posición dominante para expoliarlos. Los campesinos debían alquilar (no adquirir) las tierras, tras hacerse cargo de todo: sembrar por su cuenta y riesgo, alquilar los elementos de labranza y las trilladoras solo a los propietarios, entregarles los cereales limpios y embolsados –en bolsas que sólo podían comprarles a los dueños del campo- listos para su traslado al puerto, no sembrar otro cultivo que el pactado con los dueños, no criar ganado vacuno ni caballar (si lo hacían debían pagar una abultada suma en carácter de “multa”), y comprar todos los elementos necesarios para su vida diaria en los almacenes de sus patrones a precios varias veces superiores a los valores de mercado.
Así los dueños de los campos se quedaban con el cuarenta o el cincuenta por ciento de la producción y los chacareros se endeudaban de una cosecha a la otra. El paro, aquel mes de junio de comienos de siglo, fue total. Y repercutió no solo en los campos sino también en todas las poblaciones rurales, ya que incluso muchos comerciantes y profesionales que vivían allí (también en grandes ciudades como Rosario) se sumaron.
La Federación Agraria Argentina surgió después de aquella huelga, en su tiempo cabal representante de los pequeños productores rurales y luego alejada –en cuanto a motivaciones y objetivos- de ellos, aliándose con los representantes que siempre fueron su contraparte: la Sociedad Rural y CARBAP.
En 1912, en cambio, las colonias agrícolas judías de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires ya tenían una existencia firme, así como una rica vida económica y social, donde las cooperativas cumplían un papel destacado en lo que hacía a la defensa de los colonos.
El movimiento y la agitación producidas en la zona central del país no tuvieron mucha repercusión en las colonias judías, aunque hay que señalar que los conflictos de intereses entre los colonos y la empresa colonizadora –la Jewish Colonization Association (JCA)–, no solo que no estuvieron ausentes, sino que fueron permanentes por esos tiempos.
De la empresa sufrían constantes imposiciones: el pago de la tierra (más los gastos de mejoras como mensura, escrituración, caminos, canales de riego) en 20 anualidades más un interés (cosa que algunos colonos se enteraban luego de asentarse en el campo), la negativa de adquirir más tierras de re-colonización, ya sea para hacer más rentable la producción o para los hijos, el virtual monopolio sobre ramos generales, bolsas, semillas, maquinarias, animales y otros productos para la vida laboral y cotidiana, los acuerdos con los acopiadores, transportistas (por ejemplo, las empresas ferroviarias), la compra de lotes que luego eran cedidos a terratenientes o comerciantes locales para impedir que algún colono los obtuviera, la imposición de tipo de producción, el manejo despótico y poco claro de algunos administradores, la prohibición de sub-arrendar tierras (total o parcialmente) o de contratar jornaleros, la exclusión (en los primeros tiempos) de la ganadería eran algunos de los elementos generadores de conflictos entre los colonos y la empresa de colonización.
Muchos viejos colonos querían adelantar el pago de las anualidades pendientes a cambio de los títulos de propiedad, de manera de desvincularse definitivamente de la JCA, pero la empresa se negaba, amparada en los contratos. Incluso, la JCA intentó mantener a sus colonos dentro de un nivel económico bajo que les impidiera abandonar la agricultura. La necesidad de hacer frente colectivamente a estas presiones y a los monopolios cerealeros (Dreyfuss, Bunge y Born, entre otros) reafirmó los lazos de solidaridad y acción común, que se tradujeron en las cooperativas como herramientas concretas. Ese fue uno de los motivos por el cual surgieron las cooperativas agrarias.
Esa era una de las razones de ser del cooperativismo agrario: lejos de los poderosos, cerca del pequeño y mediano productor rural. Al recordar a aquellos chacareros de la “pampa gringa” en esa verdadera epopeya (tuvieron que luchar contra las patronales agrarias, los medios de prensa, las policías, los gobiernos nacional y provinciales), también queremos traer a la memoria a nuestros antepasados agricultores, hacedores sw otra épica, los que araron la tierra virgen y con su esfuerzo ayudaron a cimentar esta Patria que amamos.
En aquellos días, la SRA estaba en contra de la huelga; recientemente practicó un lock out por la rebaja en las retenciones, cosa que el gobierno actual realizó, desfinanciando diversos planes sociales. La Sociedad Rural Argentina Modelo 2017 se erigió como una de las grandes beneficiarias del proyecto de la administración presente. Sus maniobras especulativas y de presión sobre el tipo de cambio buscan conseguir más pesos por cada dólar que ingresa por la exportación de granos, esperando una devaluación que ellos mismos impulsan desde medios aliados.
Los grandes productores campestres, las patronales rurales seguirán ganando millones con la soja e igualmente se quejarán, coquetearán con el oficialismo y alguna seuda oposición y buscarán que Congreso los siga favoreciendo.
Mientras tanto, los agricultores familiares, el campesinado pobre, los pequeños y medianos productores, los trabajadores rurales seguirán siendo el pato de la boda, se perderá la soberanía alimenticia, los productos de la canasta básica seguían subiendo, continuará la migración rural hacia los cordones de pobreza urbanos y el pueblo pagará precios exorbitantes por los alimentos. Todo ello para que un reducidísimo grupo de potentados –exportadores de productores primarios- se enriquezca de manera obscena.
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