ACICNuestro país, ya sin duda alguna, transita tiempos violentos y nada indica que nos será fácil retomar la paz y la convivencia, ya que los hechos que gobiernan el estallido de violencia provienen de las fuerzas destinadas a garantizar esa paz y la legalidad, mientras que la justicia por voluntad propia en algunos casos y/o amedrentada por el Poder Ejecutivo en otras acompaña la escalada represiva.

Un nuevo muerto, dos heridos de gravedad, dos detenidos y once personas malheridas ocultadas en el monte, arroja la represión ilegal fuera de protocolo, que en la zona colindante al Lago Mascardi, terminó con la muerte de Rafael Nahuel, joven de 22 años, en un operativo de desalojo donde se utilizaron balas de plomo, curiosamente realizado, según información publicada en Página/12, “a solo dos días de que, a través del decreto 950/2017, el Poder Ejecutivo promulgara la ley 26.160 que suspende por cuatro años los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias, hasta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluya el relevamiento de territorios de esas comunidades” (sic). Algunos medios, insospechados de posiciones progresistas, titulan como en el caso de Ámbito Financiero: “Desalojo a comunidad en Villa Mascardi: un mapuche murió tras ser baleado por fuerzas federales”, otros como Clarín y la Nación intentan confundir con las retóricas acostumbradas.

Resulta escalofriante recorrer la información de los medios, donde dan cuenta de esta nueva cacería humana, para la que esta vez ya no fueron necesarios los ocultamientos ni puestas en escena: acabado con éxito el plan de ocultamiento de los motivos del deceso de Santiago Maldonado, los responsables y ejecutores, ahora se actúa en forma abierta: se fusila a los protagonistas de la protesta social, en forma lisa y llana. El regreso de la Patagonia Rebelde nos acongoja, lastima y preocupa, mientras el Ejecutivo Nacional, sorprendido, reclama la acción de la justicia que manipula en forma clara y evidente.

La Asociación Cultural Israelita de Córdoba, ACIC, en solidaridad con el pueblo mapuche, y en consonancia con los organismos de Defensa de los Derechos Humanos, reclamamos la inmediata investigación y castigo a los culpables, operativos y políticos de este nuevo crimen que enluta a la sociedad argentina toda, aún a aquellos que, cegados por el odio y la propaganda tóxica de los medios monopólicos, han abrazado la causa de los enemigos.

Comisión Directiva ACIC