La represión ocurrida en la provincia de Chubut contra integrantes de las comunidades mapuches abruma y preocupa.

No es éste el primer caso en el cual las fuerzas del orden (nacionales, provinciales y “privadas”) actúan contra aquellos que reclaman o demandan por sus derechos. A sus reivindicaciones históricas del derecho a la tierra y al hábitat, se suma la de un medio ambiente, sin la presencia avasallante de las corporaciones petroleras, mineras, hidroeléctricas, terratenientes, etc.

Pareciera que las víctimas de los atropellos generados por los magnates fueran los responsables de su situación de indefensión y atropello. (recordemos que Milagro Sala cumple ya un año en prisión por cargos sin fundamento jurídico y legal).

Lamentablemente nos encontramos ante un modelo de país, servil ante los poderosos y que sin represión no funciona.

El ICUF (Idisher Cultur Farband / Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina) manifiesta expresamente:

1. su solidaridad con los detenidos y golpeados;

2. su adhesión a los reclamos que realizan las comunidades mapuches;

3. su rechazo a este tipo de episodios, en los que parece renegar de la vigencia de los derechos humanos e incluso de lo establecido en nuestra Constitución Nacional (Art. 75 – Inc. 17.)   Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.  Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería  jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.   Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.   Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

4. La necesidad de la anulación de los protocolos de seguridad, de la Ley Antiterrorista y de toda legislación represiva.

Marcelo Horestein                                       Isaac Rapaport

Presidente                                                                     Secretario General