En las últimas semanas, Orlando Agustín Gauna –que además de defensor de acciones genocidas fue integrante de la Policía Provincial de Santa Fe, a cargo de la Seccional 2 durante la dictadura–, publicó agravios y amenazas en las redes sociales contra el secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Ernesto Schulman.
Este policía retirado publicó agravios como: “Siempre fue un mentiroso”, “Este dirigente del Partido Comunista se paseaba en la década del 70 con una 38 en la cintura que seguramente no usaba para festejar los goles de Colón. Cabe preguntarse ¿asesinó a personas? Puede ser. Es muy probable. Tiene un aspecto demasiado sanguinario”, o “Ahora con total hipocresía, se dedica a hacer falsas imputaciones contra uniformados, por supuestos delitos hoy llamados de lesa humanidad”. Más abajo, Marcelo Michelli Ramos, de Paraná, Entre Ríos, comentó: “Un paseíto en avión por el Río de la Plata y listo”. Ricardo Salomé de la ciudad de Santa Fe afirmó: “A todos estos soretes asesinos hay que escracharlos….”. Y, por último, Horacio Ramella dijo: “…colgarlo en la vía pública”. Gauna respondió, poco después: “Como me gustaría”.
José Ernesto Schulman nació en Santa Fe, y entre 1975 y 1977 sufrió un atentado terrorista (el 5/1/75), un primer secuestro seguido de detención a disposición del Poder Ejecutivo Nacional entre octubre de 1976 y abril de 1977 y un segundo secuestro con torturas y simulacros de fusilamiento en la seccional Cuarta de Policía en noviembre de 1977. Todos estos hechos fueron denunciados en su momento (hay una causa judicial de 1977), ante el Consejo de la Magistratura que destituyó al entonces Juez Federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa, en 1999, ante la Audiencia Nacional Número Cinco de Madrid a cargo del dotor Baltazar Garzón que investigó el delito de genocidio en la Argentina en el mismo año, 1999, ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de Santa Fe, a cargo del doctor Rodríguez en 2002 y subsiguientes, todo ratificado ante el Tribunal Oral Federal Número Uno que consideró probados los delitos de Privación ilegal de la libertad , tormentos y torturas.
Se trata, además, de un viejo activista de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la primera entidad defensora de los derechos humanos en Argentina (fue fundada en 1937), de la que hoy es su Secretario. Además es miembro del Partido Comunista y pertenece a una familia de larga tradición en el movimiento Icufista en la ciudad de Santa Fe, donde tanto sus padres como hermanos y él mismo fueron entusiastas participantes y directivos de las iniciativas de la Asociación Cultural Israelita Argentina “I. L. Peretz”. En estos días, José ha sido amenazado –una vez más- por personajes siniestros, nostálgicos del terrorismo de estado y del genocidio perpetrado en nuestro país por la dictadura cívico – militar.
En la actualidad también existen dos causas en estado de instrucción en las cuales se considera como víctima a Schulman, y hay una causa más elevada a Juicio Oral. Liga Argentina por los Derechos del Hombre envió hoy un comunicado en el que manifestó: “Jamás ha mentido y mucho menos ha asesinado a nadie, sus armas de lucha han sido la palabra y el compromiso con la organización popular desde aquellos años hasta ahora. No permitiremos agravios ni amenazas contra ningún compañero de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ni contra nadie. Mucho menos contra quienes con su testimonio han permitido derrotar la impunidad dura de los asesinos, violadores, ladrones de niñas y niños, desaparecedores y torturadores de miles de compañeros y prestaron su brutalidad asesina para instalar un modelo de país que ahora pretende volver”.
“La acción de Gauna, Ramos , Ramella y Salomé debe inscribirse en una larga lista de amenazas y agravios contra los testigos, abogados y aún jueces que intervinieron en los juicios por los crímenes del Terrorismo de Estado en la ciudad de Santa Fe. En un simple recuento recordamos que en marzo de 2005 dejaron un féretro en la puerta del Juzgado Federal con una carta amenazante, de nuevo en setiembre del 2006 el Juez Rodríguez recibió una carta con amenazas por impulsar el juicio contra Brusa y otros, años después comenzarían las pintadas contra las Madres de Plaza de Mayo que desembocaron en la formación de la Agrupación Familiares de Víctimas del Terrorismo Afevita que reproduce las amenazas contra Schulman desde su cuenta en Twitter. Es hora de terminar con tanta impunidad y castigar como corresponde a los que pretenden instalar el miedo entre los luchadores por los derechos humanos y los testigos de los crímenes de Estado que fueron y seguirán siendo juzgados con todas las garantías para los imputados”.
La Ley 23.077, sancionada el 9 de agosto de 1984 y promulgada el 22 de Agosto de 1984 por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación estableció en su Artículo Seis: “Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales.
Si el hecho descrito en el párrafo anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de Gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la Nación, la pena será de ocho a veinticinco años de prisión. Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio”. En el Artículo 7, en el Codigo Penal, también el siguiente: “El que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas previstas en el Artículo 226, será reprimido con prisión de uno a cuatro años”.
La Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina – Idisher Cultur Farband (ICUF Argentina) convoca a toda la ciudadanía a manifestarse al respecto, y expresa:
Su solidaridad con José y con la LADH ante este tipo de intimidaciones.
Su repudio a quienes perpetran estas acciones.
El reclamo a las autoridades – políticas, legislativas, judiciales– para que actúen en consonancia, dado que se realiza una apología de métodos reñidos con la vigencia del Estado de derecho y las garantías constitucionales; y garanticen la integridad física y la vida de José Schulman y de todas aquellas otras personas que se encuentre en situación similar.
Marcelo Horestein
Presidente
Isaac Rapaport
Secretario General
Buenos Aires, 17 de Agosto de 2017
Deja tu comentario