Se cumplen diez años de los trágicos hechos y rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, que terminaron con el gobierno neoliberal de De la Rua y la Alianza –continuidad institucional y jurídica del menemato-, por lo que es imprescindible recuperar la memoria respecto a este capítulo, quizá el mas negro de violencia, muerte, represión estatal y destrucción y enajenamiento del patrimonio nacional desde la recuperación democrática en 1983.

Una larga treintena de ciudadanos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en toda la geografía del país. Estos asesinatos constituyeron el último ratio de un modelo de dominación y exclusión económico y político gestado desde la década del 70, cuyas características esenciales y distintivas fueron el disciplinamiento y la exclusión social.

Bajo el signo de un neopatrimonialismo de los 90, que tornó elásticos los límites entre lo público y lo privado, viejos personeros de la dictadura, ocuparon las más altas jerarquías del aparato estatal con el definido propósito de destruir el sistema productivo nacional y «encauzar» aquellos sectores, que como nuevos excluidos, emergían de las políticas aplicadas.

El modelo neoliberal se enraizó en la destrucción del aparato productivo, por lo cual miles de familias fueron condenadas al desempleo y la marginación -fuera de cualquier tipo de circuito-, con la consiguiente destrucción de una red social difícil de reconstruir. Allí se encuentra el origen y desarrollo de nuevos movimientos sociales, tales como los piqueteros y otras organizaciones territoriales, que aportaron algo novedoso en la política argentina: los invisibilizados por un sistema perverso se hacían ver por medio de marchas, cortes de calles y rutas, ollas populares, ocupaciones y tomas de edificios oficiales y otras iniciativas reclamado por el trabajo y la dignidad. De esa manera nacieron centenares de emprendimientos autogestionados por los mismos actores, fábricas y empresas recuperadas por los trabajadores que habían sido virtualmente abandonadas por sus dueños anteriores, cooperativas, las que mostraron que hay otras formas de producción y de propiedad, mas allá y diferentes de las conocidas en los modelos actuales.

Muchos personajes de aquellos días (como Cavallo) se presentan como la cara de una misma moneda de un modelo institucional, económico y social, cuya raíz se remonta al plan genocida de disciplinamiento y desaparición instrumentado durante dictadura cívico –militar 1976-83.

A diez años de este tremendo acontecimiento, muchas de las causas judiciales que investigan estos hechos no han dado respuesta de la responsabilidad personal de los ejecutores de tan feroces órdenes. Sin sentencias condenatorias de sus responsables, las víctimas y sus familias siguen reclamando justicia. Al mismo tiempo, saludamos lo que se viene realizando en materia de recuperación de la soberanía nacional, de inclusión social y de distribución de la riqueza, sabiendo que aun es mucho lo que falta por hacer en aras de construir una sociedad democrática, justa y equitativa.

En los asesinatos impunes de diciembre del 2001 quedó marcada la huella más dolorosa de una época de destrucción social y vaciamiento político.

Por eso, el ICUF (Idisher Cultur Farband / Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina) dice

NO A LA IMPUNIDAD tanto de los funcionarios políticos como de los altos mandos policiales.

SI A LA JUSTICIA.