El hospital Posadas: de referente regional en medicina, a centro clandestino de detención

El Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” es un hospital público nacional ubicado en la zona oeste del Gran Buenos Aires, cerca de la Autopista Acceso Oeste, en la localidad de El Palomar (Morón). Es uno de los hospitales más grandes de la provincia de Buenos Aires.

Si bien fue creado en 1950 como Hospital de clínica y cirugía del tórax, en junio de 1968 la ley 17.787 posibilitó su organización como Hospital Nacional de Agudos, con el fin de atender la derivación de problemas de salud de difícil solución en hospitales de menor complejidad (provinciales o municipales). En abril de 1970, se habilitaron 360 camas y el Hospital pasó a llamarse Policlínico “Profesor Doctor Alejandro Posadas”, como reconocimiento a un médico que actuó a fines del siglo XIX.

Originalmente, contaba con 360 camas. Actualmente, hay 488 —118 destinadas a cuidados intermedios e intensivos, pediátricos y adultos—. También cuenta con 200 consultorios externos de especialidades clínicas y quirúrgicas, y con 9 quirófanos donde se realizan intervenciones de todas las especialidades —excepto trasplantes de órganos—, con servicios que desarrollaron características de excelencia y complejidad, por lo que el Hospital se convirtió en un centro de derivación de influencia regional.

Durante la dictadura cívico-militar 1976-1983, allí funcionó un Centro Clandestino de Detención, que actuaba coordinadamente con las Comisarías de Castelar y de Morón, con la Superintendencia de Seguridad Federal y con el Grupo de Tareas de Aeronáutica.

Los distintos crímenes —secuestros, torturas, asesinatos— ocurrieron a la vista tanto de los empleados como de las personas que concurrían al establecimiento; el terror que ocasionaba, provocó el silencio de todos. Las víctimas eran personal del establecimiento. Los represores que actuaron allí pertenecían —según las constancias— al Ejército, la Aeronáutica, la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Además, una parte de ese grupo provenía del Ministerio de Bienestar Social —Secretarla de Estado de Salud Pública— contratado especialmente por las autoridades del citado Hospital. Esta patota se había denominado SWAT.

Las acusaciones sobre el Hospital y su personal eran que

• Actuaba como posta sanitaria del PRT / ERP.
• Existía un posta sanitaria para atender “elementos subversivos” (según la caracterización oficial de la dictadura).
• Funcionaba como centro de adoctrinamiento ideológico y de apoyo a la subversión, su posible injerencia en el Partido Comunista Argentino a través de ATE, y la actividad de Montoneros /JTP – Morón, regional I.

 

Un operativo realizado el 28 de marzo de 1976, dirigido por el general Bignone, culminó con la detención de un grupo de cuarenta personas. A partir de ese momento, quedó como interventor del Policlínico el Coronel Médico Abatino Di Benedetto, quien declaró en comisión a todo el personal y lo licenció, con prohibición de concurrir al establecimiento. Posteriormente, fue designado Director Interino el Coronel Médico Julio Ricardo Estévez. A partir de estas designaciones, comenzaron a encadenarse las detenciones de un gran número de personas.

Desde ese momento, comenzó una ola de terror dentro del Hospital. La banda SWAT eran más de diez personas, formalmente designadas para la vigilancia del nosocomio y el aseguramiento de la integridad y del patrimonio de sus empleados, y de los profesionales que allí prestaban su labor pero, en realidad, se avocaron a otras funciones relacionadas con la alegada lucha antisubversiva. Este grupo actuó entre julio de 1976 y enero de 1977: hizo ostentación de armas; persiguió, controló e intimidó a todo el personal. Lo amenazó, humilló, le impuso condiciones o pautas a las que debía sujetarse. Secuestró, torturó y asesinó a varios de los trabajadores del Posadas. Este grupo ocupó una residencia —denominada El Chalet— en la que, además de vivir, montaron la estructura de un centro clandestino de detención, donde mantuvieron a sus víctimas.

Según numerosos testimonios, entre los integrantes del tenebroso grupo SWAT se encontraban Nicastro, Luis Muiña, Juan Copteleza, Victorino Acosta, Cecilio Abdennur, Hugo Oscar Delpech y Oscar Raúl Tevez. Una de las características de esta banda era su sadismo, el que era aplicado con particular saña sobre los detenidos de origen judío.

Como se ve, uno de los componentes de la banda era Luis Muiña. La Corte Suprema deberá explicar cómo es que alguien que cometió un delito de lesa humanidad como el que se le imputa a Muiña —integrar el grupo paramilitar SWAT, el que secuestró y torturó a empleados del Hospital Posadas en el centro clandestino de detención El Chalet— recibe el beneficio de 2×1, a través de un polémico fallo que sienta un precedente para que el resto de los represores presos comiencen a pedir por su excarcelación.

En la página N.° 81 del expediente del Poder Judicial de la Nación, con fecha del 5 de mayo de 2009 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referido al juicio seguido contra Juan Copteleza por violaciones a los Derechos Humanos, en Autos y Vistos para resolver en la presente causa N.° 11.758/06 caratulada: Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otros/s, privación ilegal de la libertad… En trámite ante la Secretaría N.° 6 de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 3, y sobre la situación procesal de Juan Máximo Copteleza, se expresa textualmente:

No podemos dejar de señalar que, además de que buena parte de los detenidos ilegales del Hospital Posadas pertenecían al colectivo judío —como David Kravetz, Susana Sztabzyb, Sara Levy, Berta Goldberg, Mauricio Schraier o Enrique Malamud, entre otros—, dos de las tres víctimas que permanecen desaparecidas —Jacobo Chester y Jorge Roitman—, también lo eran. La sobrerepresentación de la colectividad judía en la nómina de detenidos y en la de desaparecidos, respecto de la población en general es, una vez más, manifiesta.

Siguiendo con detalle el citado expediente —uno entre los tantos en que se sustanció la Megacausa— encontramos que, a lo largo de sus 386 páginas, se cita en 22 oportunidades a los judíos, en las que se les imputa a estos una serie de características denigratorias, ofensivas, injuriosas. En dicho documento, se patentiza de distinta manera el carácter fuertemente antisemita de la banda SWAT.

El fallo de la Corte Suprema actual que otorga el beneficio del 2×1 a Muiña, quien perpetró crímenes de lesa humanidad

A nosotros nos concierne y preocupa el fallo de la Corte Suprema mediante el que otorga el privilegio de 2×1 al represor Muiña por múltiples motivos

• En primer lugar, porque se trata de una aberración jurídica, sobre la que especialistas ya se han manifestado con claridad y contundencia, como el juez Baltazar Garzón.
• En segundo lugar, es que el fallo deja en libertad a un torturador, asesino y ladrón quien, entre sus “méritos”, ostenta el de haber desarrollado un particular antisemitismo a la hora de elegir a quiénes detenía, ilegalmente.
• En tercer lugar, nos motiva preocupación este falló por un asunto que tiene que ver con un criterio más general y global: No podemos permitir que los genocidas —quienes perpetraron crímenes monstruosos, de lesa humanidad y, por ello, imprescriptibles— caminen por nuestras calles como si nada hubiese sucedido. Quizá mañana subamos a un colectivo, vayamos a una pizzería, gritemos un gol en una cancha o estemos en un teatro y, la persona que esté al lado nuestro sea un asesino serial, ejecutor de crímenes aberrantes, y esté en iguales condiciones a las nuestras, que fuimos —somos— sus víctimas.

 

Este es uno de los numerosos casos de antisemitismo manifiesto y expreso que se dieron durante la última dictadura cívico-militar. La memoria de los más de 2000 muchachos y chicas masacrados, entre otras cosas, por el solo hecho de ser (judíos) nos compromete a resguardar su memoria y traerla al presente para que NUNCA MÁS se repitan este tipo de tropelías que impugnan la condición humana misma.

Nuestro humanismo militante nos compele a actuar, a no callar, a no dejar pasar cosas como estas. Estos delincuentes no son unos “pobres ancianos y enfermos”. Son delincuentes y así deben ser tratados y considerados.

El fallo de la Corte va al encuentro de las concepciones del equipo gobernante a nivel nacional el que, desde su campaña electoral, proclamaba que se acabaría “[…] el curro de los Derechos Humanos”.

Ya en su gestión, ese equipo

• Desfinancia las instituciones oficiales dedicadas a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
• No brinda apoyo a los querellantes.
• Cuestiona la cantidad de víctimas —y con ello ponen mantos de duda sobre todo lo relacionado con los Derechos Humanos—.
• Hacen gala de una negacionismo primitivo: hablan de una “guerra” y no del terrorismo de estado, es decir, reivindican la teoría de los “dos demonios”.

 

Cínicamente, algunos alfiles de este gobierno critican el fallo aunque, seguramente, en su interior se restriegan las manos y brindan a la salud de los “supremos”. La actual es una Corte adicta al gobierno, el que le encontró la vuelta para que los genocidas queden sin el castigo que les corresponde (mientras ellos tuvieron la oportunidad de juicios según las leyes vigentes y ejercer su defensa, sus víctimas fueron ajusticiadas vilmente, con crueldad y cobardía).

No a la impunidad.

Juicio y castigo.

Cárcel común y efectiva para los genocidas.

¡NUNCA MÁS!

Agradecemos la cortesía de La Vaca (www.lavaca.org) por la imagen